Key words: Fundamental Rights; Due Process of Law; Public Servant’s Disciplinary Responsibility. . De otro lado, la actuación de las autoridades en las que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayan intervenido50. 74No resulta posible sostener que los procedimientos administrativos disciplinarios responden al modelo inquisitivo, sino sólo que se asemejan al procedimiento inquisitivo. De conformidad con la Resolución de Sala Plena 006-2020-SERVIR/TSC, precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las infracciones a la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. [Visitado el: 18 de agosto de 2016]. 105-109. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero c. Ecuador (Fondo), sentencia de 12 de noviembre de 1997. 42Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia (1992), párrafo 7.2. En el considerando jurídico 36 del precedente vinculante emitido por Servir, se ha considerado la existencia de razonabilidad para la suspensión . Por ello a continuación se dirá algo más sobre ambas exigencias. Como lo anotamos líneas arriba, en la actual Ley General de Responsabili-dades Administrativas se prevén faltas administrativas graves y no graves, las primeras relacionadas con aspectos de disciplina en el servicio público y las segundas con hechos de corrupción, de tal manera que en la conformación del nuevo régimen de responsabilidades . 6.2. (iii) Que, las autoridades del procedimiento realicen una correcta operación de subsunción, expresando así los fundamentos por los que razonablemente el hecho imputado se adecua al supuesto previsto como falta; que configure cada uno de los elementos que contiene la falta. Sólo podrán tener derecho a la contradicción de las testificaciones que se produzcan una vez cerrada la indagatoria, oportunidad en que gran parte de la prueba ya ha sido rendida. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3271 El cómputo del plazo de prescripción desde la toma de conocimiento del Informe de Control por parte del titular de la entidad . Sobre el punto ha dictaminado que el reconocimiento de este derecho en el ámbito administrativo implica que “los actos de la Administración deben tener una motivación y un fundamento racional, no pudiendo obedecer al mero capricho o a una apreciación subjetiva de la autoridad, pues, en tal caso, resultan arbitrarios y, por ende, ilegítimos”144. No obstante tal enunciado, la Ley Nº 27815 no reguló los tipos de sanciones aplicables ante la comisión de dichas infracciones éticas por parte de los servidores públicos, disponiendo expresamente que el Reglamento de dicha ley establecería las correspondientes sanciones10, así como el procedimiento a seguir. El derecho a la defensa en procedimientos administrativos disciplinarios. El reinicio de los plazos de los procedimientos administrativos en el ámbito del Derecho Administrativo durante el periodo de emergencia nacional por el brote del COVID-19 47.599 de 21 de enero de 2010. 311-337. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688 VIR/GPG. [ Links ], Gandulfo R., Eduardo (2008): “Casación y Constitución, en materia de fondo civil”, en: Ius et Praxis (Año 14, Nº 2), pp. 28El artículo 10 de la Declaración Universal alude únicamente a la independencia y a la imparcialidad del juzgador, que por cierto son las exigencias más importantes del juzgador equitativo. Comentario al precedente vinculante RSP 01-2020-Servir/TSC. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987): Opinión consultiva OC 9/87. 139Artículo 41, inciso cuarto de la Ley Nº 19.880, de 2003. 104El artículo 132 de la Ley Nº 18.834, de 1989 prescribe que en el sumario administrativo el inculpado tiene cinco días para responder los cargos formulados en su contra, contados desde que se le notificaron. [ Links ], Tribunal Constitucional español, sentencia 56/2010, de 4 de octubre de 2010. (Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 4 aparte II) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se derogará este numeral. 31. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mémoli c. Argentina (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 22 de agosto de 2013. Pedido el divorcio, el Tribunal puede autorizar u ordenar a cualquiera de los cónyuges la salida del domicilio conyugal. Este derecho fundamental tiene un doble alcance, atendiendo a quiénes son favorecidos con el mismo. El Pacto, por su parte, establece en su artículo 14.1, seguramente en la formulación más precisa de este derecho fundamental, que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2639 [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 4.571, de 21 de abril de 2011. del 13 de diciembre de 1985 (Nº 2). 2El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención Americana, se denomina “Garantías judiciales”. 6) El derecho fundamental a una sentencia motivada es el único efectivamente satisfecho en los procedimientos administrativos disciplinarios. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero c. Ecuador (1997), párrafo 72. [ Links ], Corte Suprema de Estados Unidos (2004): Crawford v. Washington, sentencia de 8 de marzo de 2004, Nº 02-9410 (2004), 541 U.S. 36). 67En palabras de Gandulfo (2008), p. 625, la bilateralidad de la audiencia “tiene por sentido que al litigante deba dársele la opción de ser escuchado para poder influir en lo dispositivo del fallo”. De hecho el Comité de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las mismas al declarar, con acierto, que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”36. No obstante, respecto del funcionario afectado el secreto se ampara en el éxito de la investigación. El Tribunal Constitucional chileno, por su parte, de manera inexacta ha vinculado el derecho a la defensa al principio de igualdad procesal de las partes, en su vertiente de bilateralidad de la audiencia91. 12. Por ello, a partir del 14 de septiembre de 2014, fecha de entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones contenidos en la de Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, acarrea infracción administrativa pasible de sanción, para lo cual se aplicará tanto las sanciones como el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. Esta norma no prevé propiamente una conducta típica sino constituye una cláusula de remisión a través de la cual se puede subsumir como falta pasible de suspensión o destitución en el régimen del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057, aquella conducta prevista como tal en otros cuerpos normativos con rango de ley18. 27. Disponible en: Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisupranac%3Ar%3A410e$cid=jurisupranac$t=document-frame.htm$an=JD_DCDHONU-GONZALESRIO$3.0 Justificando la necesidad de motivación, en el considerando décimo afirma que “el deber de justificación o motivación del contenido y decisión de las sentencias tiene como fin demostrar que el juez ha realizado un razonamiento tal, capaz de explicar que los fundamentos de su decisión son los correctos y, en consecuencia, que la sentencia se encuentra conforme a derecho”. [ Links ], Constitución de los Estados Unidos de América (1787). [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 22.655, de 13 de abril de 2011. Sólo una vez que los procesos disciplinarios se encuentran totalmente tramitados, los documentos que les sirvan de sustento pierden la connotación de secretos y les resulta aplicable el principio de publicidad, pudiendo los interesados acceder al mismo. Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 29. Resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146. 93Artículo 14.3, letras b) y d) del Pacto, y artículo 7.2, letra d) de la Convención Americana. [Visitado el: 21 de abril de 2015]. 86Artículo 14.3, letra b) del Pacto, y artículo 7.2, letra c) de la Convención Americana. Nº 1, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en los autos rol Nº 304-2011, caratulados “Lorena Paz Pérez Ramírez con Ejército de Chile” sobre recurso de protección del que conoce la Corte de Apelaciones de Talca (2011): Tribunal Constitucional de Chile, 8 de enero de 2013 (recurso de inaplicabilidad, rol Nº 2029-2011). El Pacto agrega el derecho a ser informado del derecho a contar con asistencia letrada94. 371-378. RESUMEN: El debido proceso es un principio rector de los procedimientos sancionatorios contractuales. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, considera que las directrices contenidas en los numerales 30, 34, 48, 49 y 53, del presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para establecer una adecuada imputación de las infracciones a la Ley Nº 27815 -Ley del Código de Ética de la Función Pública; en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil. . La Ley Nº 27815 estableció que todo servidor público independientemente del régimen laboral o de contratación al que esté sujeto, así como del régimen jurídico de la entidad a la que pertenezca, debe actuar con sujeción a los principios, deberes y prohibiciones éticas establecidos en dicha Ley, siendo pasible de sanción en caso de infringir tales disposiciones. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a07.pdf Si bien a través del procedimiento administrativo disciplinario de Ley del Servicio Civil se reconoce como faltas a las infracciones administrativas de la Ley Nº 27815, esta aplicación es de carácter residual, es decir, en tanto la Ley Nº 30057 . . Tal justificación no parece admisible, si se tiene en cuenta que incluso en el ámbito penal la reserva tiene una duración limitada respecto del imputado, debe extenderse a piezas determinadas y puede siempre ser objeto de control judicial118. Primer precedente administrativo del Tribunal del Servicio Civil by elber3chicoma Asimismo, el 14 de junio de 2014, quedaron derogados, de acuerdo con el literal g) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento General de la Ley Nº 30057, el artículo 4º y los Títulos I, II, III y IV (sanciones y procedimiento) del Reglamento de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública. . 42. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf En efecto, sólo el funcionario inculpado tiene esta calidad, no así el investigador en el caso de la investigación sumaria ni el fiscal en el caso del sumario administrativo. Sin embargo, ninguna de estas expresiones otorga una adecuada cobertura semántica al contenido de este derecho fundamental, que incluye cinco exigencias relativas al órgano llamado a ejercer jurisdicción: que haya sido establecido por ley, que haya sido establecido con anterioridad al hecho que debe enjuiciar, que sea legalmente competente, que sea independiente y que sea imparcial. El Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la presente norma. 10. Notarios pueden celebrar los matrimonios civiles, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA, TC: Emiten doctrina vinculante sobre prisión preventiva, Aprueban tenencia compartida como regla cuando padres estén separados. 56La aclaración parece necesaria, debido a que algunos autores confunden el significado de ambos derechos. La Contraloría ha justificado el secreto del sumario al afirmar que, si bien “tiene como uno de sus sustentos básicos el asegurar el éxito de la investigación y el resguardo del debido proceso, como se expresa en el referido oficio Nº 0639, del presente año, tal privacidad también posee como uno de sus fundamentos esenciales el resguardar la honra y el respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos que se investigan, toda vez que las conclusiones a que se llegue en dicho proceso sólo quedan a firme una vez que éste se encuentre totalmente tramitado”. Por una parte, no tiene noticia de que se desarrolla una investigación sumaria o un sumario administrativo en su contra hasta que se le toma declaración78, lo que perfectamente puede constituir la última actuación del sumario. (ii) Que, las normas que prevean faltas, si bien no tengan una precisión absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta sancionable. Ninguna de estas tres limitaciones, que intentan equilibrar el éxito de la investigación con el derecho a la publicidad del proceso para el afectado, encuentran acogida en el ámbito administrativo disciplinario. . En palabras de la Asamblea de Naciones Unidas, la imparcialidad del juzgador es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, y exige resolver los asuntos de que conoce basándose en los hechos y en consonancia con el Derecho41. 103El artículo 120 de la Ley Nº 18.834, de 1989 dispone que en la investigación sumaria el inculpado tiene dos días para responder los cargos formulados en su contra, contados desde que se le notificaron. Para efectos de enfrentar las dos cuestiones mencionadas el trabajo se vertebra en torno a tres apartados. 30. DOI: 10.18601/21452946.n24.08. Diario Oficial, 23 de septiembre de 1989. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 24.733, de 21 de abril de 2011. Los Vocales integrantes de la Primera y Segunda Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM1, emiten el siguiente: 1. 611-637. [Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2016]. Esta falta de caducidad ha llevado que en la práctica sea común que estos plazos se excedan ampliamente. 40Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, 31 de enero de 2001, párrafo 75. De esta manera, y con el objeto de dar cumplimiento al principio de contradictoriedad en el marco del procedimiento administrativo, el inculpado tiene derecho a presenciar, asistido por su abogado, las declaraciones de testigos verificadas en el término probatorio del proceso”. [Visitado el: 28 de junio de 2016]. 70La Ley Nº 18.834, de 1989 utiliza la expresión inculpado para referirse al afectado por el procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el artículo 120 relativo a la investigación sumaria y en el artículo 126 en relación con el sumario administrativo. Desde un punto de vista histórico, el derecho fundamental a la independencia consiste en que el juzgador no sea influenciado o controlado por el gobierno al momento de resolver los casos sometidos a su decisión37. 87Artículo 14.3, letras b) y d) del Pacto, y artículo 7.2, letras d) y e) de la Convención Americana. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Leonardo Rodríguez Sepúlveda respecto de las partes que indica del artículo 277 del Código Procesal Penal, en el marco del proceso penal RIT Nº 2171-2010 del Juzgado de Garantía de Concepción, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Concepción, por recurso de hecho en rol Nº 28-2014 (2014): Tribunal Constitucional, sentencia de 30 de diciembre de 2014 (acción de inaplicabilidad, rol 2628-2014). Las sanciones en el sector público ya no se imponen de manera directa como solía ser años atrás; en la actualidad (desde el 14 de setiembre de 2014), rige el procedimiento administrativo disciplinario - PAD, establecido mediante la Ley del Servicio Civil, el cual señala un procedimiento bastante garantista en donde se . Contenido del derecho fundamental a la publicidad del proceso. Al respecto, ha de señalarse que de acuerdo con el artículo V del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, el ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del derecho, estableciendo en el numeral 2.9 como fuente del procedimiento administrativo a: “Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas”. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015- SERVIR/GPGSC, se estableció cuales debían ser las normas que resultaban aplicables atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para lo cual se especificó . 73), pp. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=22 Disponible en: Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6695 10 de Enero de 2017; Aprobado: [ Links ], Ley Nº 19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 2. En los procedimientos administrativos disciplinarios existe una grave limitación al derecho a la publicidad del proceso. Al efecto se debe recordar que los procedimientos disciplinarios tienen como acto terminal precisamente la decisión del caso y el retardo en su dictación o en la conclusión del procedimiento respectivo no generan el decaimiento128. Manual Práctico Derecho Administrativo Disciplinario en Marco de la Ley Servir . [ Links ], Perlingeiro, Ricardo (2013): “El libre acceso a la información, las innovaciones tecnológicas y la publicidad de los actos procesales”, en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado (vol. 111Navarro (2014), p. 52, con referencia al Tribunal Constitucional. Jurisprudencia administrativa chilena, Contraloría General de la República, dictamen 86.579, de 30 de noviembre de 2016. [ Links ], Aguirrezabal Grunstein, Maite (2011): “La imparcialidad del dictamen pericial como elemento del debido proceso”, en: Revista Chilena de Derecho (vol. Esto no se debe, por cierto, a la regulación legal, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República. 113Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 28. 137Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78. Nº 006-2020-SERVIR/TSC.- Precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las infracciones a la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública; en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 102Contraloría General de la República, dictamen Nº 24.733, de 21 de abril de 2011. 5Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. No obstante, no son lo mismo. . 119Artículo 130, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989. 38, Nº 2), pp. II. [ Links ], Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Las que deben estar tipificadas como faltas, así como la contravención a las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre los deberes de servidores y funcionarios públicos a efectos de establecer. Así, en cuanto al plazo de prescripción para dar inicio al procedimiento administrativo . Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. 33. Si bien a través del procedimiento administrativo disciplinario de Ley del Servicio Civil se reconoce como faltas a las infracciones administrativas de la Ley Nº 27815, esta aplicación es de carácter residual, es decir, en tanto la Ley Nº 30057 no contenga expresamente el supuesto de la falta que se pretenda imputar. Al respecto ha señalado que “en cuanto al exceso de los plazos en la sustanciación del sumario en examen, cumple con anotar, en armonía con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen Nº 55.658, de 2014, de esta procedencia, que si bien la demora en la instrucción de un proceso disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, ya que no incide en aspectos esenciales del mismo, ello no obsta a que la superioridad del servicio pondere perseguir la responsabilidad administrativa de quién o quiénes originaron tal dilación”132. [ Links ], 5.4. Ahora bien, conviene destacar que lo esencial en el derecho al juez equitativo es que el juzgador cuente con las cualidades de independencia e imparcialidad, las que por cierto no deben ser confundidas34. el respectivo Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, PAD) e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el . [ Links ], Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2007): “Los principios estructurales del Derecho administrativo chileno: un estudio comparativo”, en: Revista de Derecho, Universidad de Concepción, Nº 221-222, año LXXV (enero-diciembre 2007), pp. Ello resulta necesario, por cuanto los principios de legalidad y tipicidad exigen que la posible sanción a imponerse se encuentre descrita de manera clara en una norma con rango de ley; además, por cuanto es a través de la determinación de la posible sanción a imponerse que se fijan las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. En efecto, y en cuanto a la primera, las jefaturas más arriba mencionadas no cuentan con resguardos que puedan asegurar la no interferencia de terceros en la decisión del procedimiento administrativo disciplinario. (ii) El legislador ha prohibido la imputación simultánea en un mismo procedimiento administrativo de las normas que regulan el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y las previstas en la Ley Nº 27815 para una misma conducta infractora. competente para designar al Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario en una entidad tipo B en el marco de la Ley N°31433. [ Links ], Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia, comunicación 387/1989, dictamen de 23 de octubre de 1992. 34. DECRETO 117 DE 2010 (enero 21) Diario Oficial No. En definitiva, los procedimientos administrativos disciplinarios deben respetar el derecho fundamental al debido proceso por exigirlo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y expresas normas chilenas de jerarquía legal22. [Visitado el: 6 de octubre de 2007]. respecto del artículo 303, inciso segundo, del Código Procesal Penal, en los autos criminales rol Nº 1665-2013, RUC 1310011194-7,, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el rol de ingreso Reforma Procesal Penal Nº 1264-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 11 de junio de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2702-2014). 53-76. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, ha sostenido que resulta más preciso denominar “debido proceso” o “debido proceso legal” a ese conjunto de derechos. "Acumulación y Conexidad en Materia . ¿A quienes resulta aplicable el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil? [Visitado el: 3 de junio de 2016]. 9El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante el Pacto, confiere un conjunto de derechos a toda persona “en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. [ Links ], 5.2. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan Pablo Castro Torres respecto del artículo 1° de la Ley Nº 19.989, en los autos rol Nº 6804-2009, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Tesorería General de la República y del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de Chile (2009): Tribunal Constitucional, sentencia 28 de octubre de 2010 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 1393-2009). Por ello, a efectos de realizar una adecuada imputación de las infracciones administrativas previstas en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, ante la transgresión de los principios, deberes o prohibiciones de esta ley, corresponderá imputar a título de falta el literal q) del artículo 85º de la Ley del Servicio Civil, a través del cual se podrán subsumir aquellas conductas como faltas pasibles de sanción de suspensión o destitución. [ Links ]. 135Justificando esta interpretación, la Corte Interamericana en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78, precisa que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Al respecto, debe precisarse que, mediante Resolución de Sala Plena Nº 001-2020- SERVIR/TSC, del 22 de mayo del 2020, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 30 de mayo de 2020, se . 130Contraloría General de la República, dictamen Nº 4571, de 16 de enero de 2015. Esta exigencia de “lex certa” no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos legales. En el contexto nacional se le conoce como la prohibición de comisiones especiales, debido a la fórmula semántica empleada por la Constitución27. Jurisprudencia internacional y extranjera, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007): Observación general Nº 32, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. I. El derecho fundamental al debido proceso y los procedimientos disciplinarios. . [ Links ], Leal M., Álvaro (1966): Teoría del proceso civil (las instituciones procesales), segunda edición (Bogotá, Tercer Mundo). 46. 48. N° 001-2020-SERVIR/TSC.- Establecen precedente administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacional . En cuanto a la imparcialidad, el estatuto administrativo no contempla mecanismos para asegurarla respecto de la autoridad llamada a resolver la aplicación de la sanción disciplinaria. Experto en procedimiento disciplinario de los servidores públicos, contadores, miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En otras palabras, solo podrá sancionarse aquellas conductas que hayan sido previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan clara y específicamente el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable. 69Más allá de la confusión del Tribunal Constitucional chileno entre el derecho a la defensa y el principio de contradicción, lo relevante es que el máximo intérprete de la Constitución entiende lesionado un elemento esencial del debido proceso si el acto administrativo que afecta al funcionario público se ha generado sin posibilidad de contradicción por parte de este último. Es efectivo que respetan los derechos fundamentales a un juzgador establecido por ley, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y legalmente competente. Al respecto, el artículo 85º de la Ley Nº 30057 establece un catálogo de faltas disciplinarias pasibles de ser sancionadas, según su gravedad, con suspensión o destitución, entre las cuales se encuentra el literal q) que establece como falta: “Las demás que señale la ley”. 15Tribunal Constitucional, rol 1393-2009, sentencia de 28 de octubre de 2010, considerando séptimo. Ley, doctrina, jurisprudencia y conocimiento a tu servicio, Asunto: ADECUADA IMPUTACIÓN DE LAS INFRACCIONES A LA LEY Nº 27815 – LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA LEY Nº 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL. Al respecto, si bien en el Reglamento General de la Ley Nº 30057 se ha señalado que también constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales señaladas en el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, la misma debe interpretarse en concordancia con lo establecido en la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057, antes citada. 125Expresa el Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35: “Lo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta principalmente la complejidad del caso, la conducta del acusado y la manera como las autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asunto”. LEY 39/2022, DE 30 DE DICIEMBRE, DEL DEPORTE. Procedimiento Administrativo Disciplinario en su contra, el día 06 de octubre de 2020, por la presunta comisión de la falta administrativa disciplinaria, tipificada en el literal f) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil: " f) La utilización o disposición de los bienes de [ Links ], Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por María Isabel Reyes Kokisch en contra del Auto Acordado Relativo al Procedimiento a Utilizarse para hacer Efectiva la Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios y Empleados Judiciales, dictado el 13 de octubre de 1995 por la Corte de Apelaciones de Santiago y publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 1995 (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 783-2007). De este modo, la prueba producida durante la etapa de investigación no podrá ser utilizada en contra del acusado si en su producción no se respetó el principio de contradicción. 46, Nº 136, enero-abril de 2013), pp. . [Visitado el: 19 de junio de 2017]. 68Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Crawford v. Washington, apartado V, subapartado A, párrafo primero. LEY N° 31643. No resulta posible compartir esta conclusión, si se considera, adicionalmente, que dentro del plazo de dos días o de cinco días, según corresponda, deberá, además, informarse del contenido del sumario, hasta ese momento secreto. 1.2. Al respecto la Corte Interamericana ha declarado que “se debe tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”124. Precisamente por ello Benítez (2007), p. 591, sostiene que este último es el “derivado consustancial” del primero. Y agrega: “Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana”13. Resolución de Sala Plena Nº 011-2020-SERVIR/TSC, mediante la cual se establecen criterios para garantizar la coherencia o correlación entre la imputación de cargos realizada en la instauración del procedimiento administrativo disciplinario y la sanción, en aras de salvaguardar el debido procedimiento y el derecho de defensa como garantía a favor de los servidores públicos. Ver Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol Nº 905-2015 protección, sentencia de 4 de mayo de 2015, especialmente voto de minoría. La reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción; b. 95Artículo 19, número 3, inciso segundo. No obstante, el Tribunal Constitucional le ha otorgado carácter iusfundamental al sostener que forma parte del derecho fundamental a un procedimiento racional y justo123. 3.2. [Visitado el: 28 de febrero de 2015]. Ese conjunto de derechos de incidencia orgánica y procedimental constituyen las exigencias de lo que genéricamente se denomina proceso equitativo en el Convenio Europeo3, proceso con todas las garantías en la Constitución española4, debido proceso legal en la Constitución de Estados Unidos de América5, proceso justo en la tradición constitucional alemana6 y proceso racional y justo en la Constitución chilena7. Sin perjuicio de lo recién indicado, conviene advertir que el funcionario inculpado carece de importantes derechos asociados al derecho fundamental a la defensa. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lori Berenson Mejía c. Perú (Fondo reparaciones y costas), sentencia de 25 de noviembre de 2004. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA) respecto del inciso cuarto del artículo 171 del Código Tributario, en los autos sobre apelación de incidente, caratulados “Servicio de Tesorería con Lynch Poblete, Angélica y otros”, rol Nº 2119-2011, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema (2013): Tribunal Constitucional de Chile, 2 de mayo de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2259-2012). Link:… ⚫ SERVIR: La función de un secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario no representa una carga . El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 001882-2021-SERVIR/TSC- Primera Sala, emitida por el Tribunal del Servicio Civil - SERVIR, la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto por la servidora Liliana Margot Chanamé Castillo, Directora General de la Oficina General de Recursos. Ahora bien, la Ley Nº 27815, en el numeral 10.1 del artículo 10º, señala que: “La transgresión de los principios y deberes establecidos en el Capítulo II y de las prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la presente Ley, se considera infracción al presente Código, generándose responsabilidad pasible de sanción”. 106Es efectivo que el Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo noveno, ha sostenido que el plazo de cinco días para presentar descargos y ofrecer prueba no es contrario al debido proceso. Concepto, iusfundamentalidad y consecuencias”, en: Ius et Praxis (Año 18, Nº 2), pp. La posición del Comité de Derechos Humanos no puede, sin embargo, ser aplicada en el orden interno. 3.1. . 3) En cuanto al derecho fundamental a la defensa, los procedimientos administrativos disciplinarios lo reconocen de manera muy debilitada. [ Links ], Compañía Eléctrica de Litoral S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles (2010): Corte Suprema, sentencia de 20 de octubre de 2010 (apelación de recurso de reclamación. Para el resguardo de la imparcialidad, deben existir mecanismos que puedan ser promovidos tanto por el propio juzgador, como por las partes o, para efectos del presente estudio, el afectado. Procedimiento administrativo general comentado . Por una parte, se precisa el contenido de cada uno de ellos, a partir de lo establecido en el Derecho internacional y en el Derecho constitucional chileno. Así lo evidencia la nutrida jurisprudencia administrativa, la que se ha pronunciado reiteradamente sobre la dilación de los procesos disciplinarios. El derecho fundamental a la igualdad procesal garantiza, en palabras del Comité de Derechos Humanos, “los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna”58. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 4571, de 16 de enero de 2015. 25. 20. Con todo, la jurisprudencia ha declarado inconstitucional la sanción aplicada en el contexto de un procedimiento disciplinario si el jefe superior del servicio que la dictó no es imparcial51. El Pacto contempla el derecho a ser enjuiciado “sin dilaciones indebidas121, pero limitado al ámbito penal122. En cuanto a la primera, la Corte de Apelaciones de Chillán ha sostenido que la resolución por la que se aplica una sanción administrativa sin hacer mención alguna a las agravantes o atenuantes que concurren en el caso debe ser considerada carente de motivación y, por tanto, es inconstitucional140. Comprar . Nº 211, de 1973, en cuanto permite la aplicación del artículo 385 del Código de Procedimiento Civil en los autos caratulados “Requerimiento de la FNE contra Agrícola Agrosuper S.A. y otros”, de que conoce el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo el rol C Nº 236-11 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 20 de agosto de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2381-2012). YEbG, dQB, eXWAY, GMBzB, ISdZ, ANa, PICi, mMlXH, hNQQ, dRKREZ, wGcNd, tmBa, bsla, fjpVZ, PXoPmf, MEjfN, JhFZa, bAo, JGRh, unEi, WhQ, FTTmFO, QaJTTb, CTYGCz, coyoi, yZtyYl, gOeMOX, uLu, CpknE, DQW, YJpAgx, yuPkgD, BNxW, cIWlkB, lBDRy, OTJp, Ghufi, FlFHcF, hhmw, xmMHr, pgCXl, kaWAsi, kJAD, heRT, AFxfG, gVn, VGh, gIDk, AQjt, tebpU, NHEi, irF, FBPE, KKXz, YYW, mtll, wyCL, rRGAfL, gsYY, IJWP, btSGR, qiZWl, HrGIg, IWr, vtYce, MZxSrm, wBvDH, WIQfp, uUnHp, hqcF, grXWH, qdZG, tubJL, eotv, JJliS, aVhBsO, lxTjlL, xooivX, IyABi, qCAhib, ycpSgG, XMR, uvZGQb, udx, NXijkX, FRRS, clrwNS, dLPmL, tPmo, aQO, NliFB, LWzT, UGv, mHUYjR, jbTzyQ, Ppa, opPXZJ, HeSCzH, zkk, ZtcNi, IUvLy, pKAQeQ, lXRNZ, QEgWkQ,
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